Tamaulipas: el tamaño del reto

Alejandro Marti

 

Si bien es de considerar el valor y significado que la Estrategia por la Seguridad de Tamaulipas tendrá en el fortalecimiento de las políticas de seguridad y en el combate contra el crimen organizado, es inocultable que el amplio despliegue militar no terminará inmediatamente con el clima de inseguridad y violencia que sigue privando en la entidad, debido a las persistentes confrontaciones entre grupos criminales, los incesantes homicidios, secuestros y extorsiones.

Con una superficie de poco más de 80 mil kilómetros cuadrados, Tamaulipas alberga en su territorio una de las diez economías más importantes de la República mexicana al aportar, de acuerdo con datos de 2010, el 3.3% del PIB nacional (INEGI). Las seis zonas económicas en que se encuentra dividido dan cuenta de la importancia de su actividad productiva y del alto desarrollo comercial, manufacturero, agropecuario, ganadero, pesquero, minero e industrial del que dispone.

También, dentro de las costas tamaulipecas se encuentran dos de las más grandes reservas de gas natural con las que cuenta el país (el de la Cuenca de Burgos y el de San José de las Rusias), así como 3 puertos estratégicos donde se asientan importantes centros industriales y de petroquímica (Ciudad Madero, Tampico, Altamira).

Más aún, la entidad goza del privilegio de ocupar el primer lugar en puentes fronterizos dentro de su territorio, al contar con de 17 de los 32 que tiene México a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de América (EUA). Esto la convierte en nuestra más importante aduana terrestre y en uno de los puntos marítimos más relevantes para la carga de exportación con que contamos, ya que por ellos transita el 30 por ciento de nuestro comercio internacional. Situación que convierte a Tamaulipas en el estado que más aporta a la hacienda pública federal, mediante la recuperación de impuestos por concepto de comercio exterior.

Pero como sabemos, no todo es miel sobre hojuelas, pues los puntos fronterizos con que cuenta este estado nororiental también son y han sido utilizados históricamente como corredores para el trasiego de drogas y contrabando de armas desde y hacia los EUA, para establecer puntos de control territorial donde se extorsiona a los transportistas (de pasajeros y mercancías) y zonas donde se secuestra, extorsiona y asesina a inmigrantes ilegales.

Y la cosa no para ahí, pues sabemos que Tamaulipas sufre desde hace un par de décadas un grave y extendido problema de inseguridad que se ha acentuado durante los primeros meses de este año y que, de acuerdo con la explicación de las autoridades gubernamentales, se debe a un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales antagónicos.

Como respuesta a la agudización de la crisis, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, pusieron en marcha, en mayo pasado, la denominada Estrategia de Seguridad por Tamaulipas, cuya iniciativa es de celebrar pues como producto de ello se logró la captura, en unos cuantos días, de 3 de los 12 cabecillas de los cárteles que asuelan a la entidad.

También se sustituyó a todo el personal de la Procuraduría estatal por elementos de la Policía Federal y de la PGR, para iniciar el proceso de capacitación y la aplicación de los exámenes de control de confianza que permitirán depurar y profesionalizar a las fuerzas del orden, y se crearon 4 fiscalías regionales para brindar una atención puntual a las denuncias relacionadas con la comisión de delitos federales.

Si bien es de considerar el valor y significado que estas acciones tendrán en el fortalecimiento de las políticas de seguridad y en el combate contra el crimen organizado, es inocultable que el amplio despliegue militar no terminará inmediatamente con el clima de inseguridad y violencia que sigue privando en la entidad, debido a las persistentes confrontaciones entre grupos criminales, los incesantes homicidios, secuestros y extorsiones.

Peor aún, Tamaulipas enfrenta problemas financieros para atender el fenómeno delictivo; lo que durante mayo derivó en una solicitud del gobierno local a su Congreso para que le autorizara la contratación de créditos para fortalecer las estrategias de combate a la inseguridad y, en días pasados, durante la celebración del Día de la Marina, el gobernador Torres Cantú aceptó que los niveles de inseguridad afectan el desarrollo del estado. Sumado a las secuelas de debilidad institucional, se vive un clima de temor entre la población que se expresa en la autocensura de algunos medios de comunicación ante el temor de ser silenciados si denuncian a los criminales y la escasa existencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajen a favor de la seguridad pública y la justicia.

Sin embargo, no todo está perdido, pues desde antes de la intervención del gobierno federal en la entidad, pequeños grupos de ciudadanos han emprendido balbuceantes iniciativas al demandar el apoyo solidario de organizaciones civiles dentro del país y la intervención enérgica de todas las instituciones del Estado para enfrentar de manera eficaz el problema.

Desde luego, no ha faltado quienes digan que Tamaulipas es un caso perdido y nieguen que se pueda encontrar una solución viable en el corto plazo. Pero quienes así piensan olvidan que antes se vivió una situación semejante en Ciudad Juárez y Tijuana, y que gracias a iniciativas ciudadanas y la intervención decidida de la federación se lograron abatir los índices delictivos, reconstruir el tejido social y recuperar los espacios públicos que había perdido la sociedad.

Uno de los mecanismos desarrollados en esas ciudades fueron las Mesas de Seguridad y Justicia, en cuyo seno se dio lugar la convergencia de esfuerzos entre autoridades de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, para integrar una agenda común de trabajo que permitió atender eficazmente las tareas de combate a la delincuencia y emprender acciones preventivas para la restauración y fortalecimiento del tejido social.

La existencia de las mesas de seguridad y justicia en Ciudad Juárez, Tijuana y 10 ciudades más del país, son prueba de que toda estrategia de lucha contra el crimen y la inseguridad debe ser acompañada de la participación activa y organizada de la ciudadanía.

Desde México SOS nos solidarizamos con la sociedad tamaulipeca y ponemos a su disposición nuestra experiencia para impulsar iniciativas desde la sociedad civil que permitan enfrentar exitosamente y en el corto plazo, la crisis de inseguridad que aqueja a nuestro país. Ése es el tamaño del reto.

 

 @Alejandro_Marti